La reciente norma de buenas prácticas para gobiernos
corporativos propuesta por la SVS ha generado una serie de comentarios y
críticas.
Lo
que se busca es que el mercado y los accionistas tengan más información respecto
del gobierno corporativo de las sociedades abiertas, toda vez que hay envuelto
un asunto de fe pública.
El tema debe ser abordado desde una óptica país y no sólo
como una consecuencia de casos como Enersis y La Polar, que si bien pusieron el
tema sobre el tapete, también pueden terminar ensuciando una discusión que
debiera darse desprovista de prejuicios.
Si en algo hay consenso es en la necesidad de generar cambios en el funcionamiento de los directorios, teniendo en cuenta las tendencias internacionales. Basta con mirar países como Inglaterra y Estados Unidos, que tienen códigos claros de buenas prácticas de gobiernos corporativos. Pero con cautela. En esos mismos países donde se ha avanzado, ha disminuido sistemáticamente el interés de las compañías por abrirse a bolsa, lo que las priva de una fuente de financiamiento alternativo a los créditos bancarios.
Si en algo hay consenso es en la necesidad de generar cambios en el funcionamiento de los directorios, teniendo en cuenta las tendencias internacionales. Basta con mirar países como Inglaterra y Estados Unidos, que tienen códigos claros de buenas prácticas de gobiernos corporativos. Pero con cautela. En esos mismos países donde se ha avanzado, ha disminuido sistemáticamente el interés de las compañías por abrirse a bolsa, lo que las priva de una fuente de financiamiento alternativo a los créditos bancarios.
Uno de los puntos de conflicto es la autoevaluación, que
plantea una serie de códigos de buenas prácticas sobre los cuales el directorio
debe pronunciarse. Más allá de que existan aspectos perfectibles, es necesario
valorar esta medida como un paso hacia mayores estándares de funcionamiento al
interior de los directorios a través de la autorregulación.
Otro tema que ha generado opiniones dispares es que
exista un cuestionario estandarizado de evaluación para todos los directorios.
El argumento es que las empresas no son comparables entre sí. Pero la clave
está en entregar información completa y transparente al inversionista.
Si tomamos en cuenta que hasta ahora no existen
instancias formales de autoevaluación ni de entrega de información a nivel de
directorios, podemos concluir que la norma es un paso hacia el desarrollo de
políticas de buenas prácticas. Es por ello que, idealmente, éste debe hacerse
con la colaboración de todos los actores y con el objetivo final de dar mayor
transparencia y confiabilidad al mercado. Pero sin exagerar. Al final del día,
lo que más importa para un buen gobierno corporativo es que los intereses de
todos los involucrados en una compañía estén bien alineados.
Fuente:
Diario Financiero
Fecha: 27 de
septiembre 2012.
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